El Gobierno está
a punto de aprobar la reforma de las pensiones. Una medida más en el
camino emprendido para conducir a la sociedad española un
siglo hacia atrás. La ministra de Empleo se multiplica estos días en declaraciones
afirmando que con la reforma el sistema de la Seguridad Social se ahorrará hasta
33.000 millones de euros en los próximos años a pesar de lo cual los
pensionistas no verán recortadas sus pensiones.
El portavoz de IU
en el Congreso ya le ha respondido indicando que tal afirmación sólo puede
responder a ignorancia o a ganas de mentir. No se me ocurre una respuesta más
atinada.
Una vez saqueada
la sanidad pública y entregada la enseñanza a manos privadas, el recorte de las
pensiones era el último baluarte que quedaba para desarmar del todo el Estado
de Bienestar que la sociedad española había logrado construir, con la
inestimable ayuda de los gobiernos socialistas.
No es que la
Seguridad Social la inventaran los socialistas, ni siquiera los gobiernos de la
restauración democrática. La Seguridad Social ha cumplido ya su primer
centenario pero la universalización de las pensiones, la garantía de que los
más desfavorecidos (huérfanos, viudas, incapacitados) tendrían un mínimo
sustento y que tras una vida de trabajo el jubilado tendrá derecho a percibir
unos ingresos que le permitan una vida digna, es iniciativa socialista que,
luego, cada gobierno ha procurado mantener. En 1985, se
establece por ley que las pensiones se incrementarán anualmente en función del
IPC, de manera que se garantizara el poder adquisitivo de los pensionistas.
Para evitar que las
pensiones se utilizaran de forma partidista y para establecer un marco legal fijo
en una cuestión de tamaña envergadura –el gasto en pensiones supone el 10% del PIB español- en 1995 se creó el Pacto de Toledo, un ámbito de consenso donde
están representados todos los partidos políticos. Ya en el primer momento, el
Pacto de Toledo fija la separación de fuentes de financiación de los servicios
asistenciales (sanidad) y pensiones no contributivas, que correrán a cargo de
los presupuestos generales, de las pensiones contributivas, que se sostendrán
con las cotizaciones a la Seguridad Social.
El paso del
tiempo detectó otra amenaza para el sostenimiento del sistema: el
envejecimiento progresivo de la población. En 1960, la esperanza de vida de la
población española no alcanzaba los 70 años. En 2011, llegaba a los 82,33 años.
Evidentemente, no es lo mismo pagar las mismas pensiones un máximo de cinco años que una
media de 17.
La reforma de 2011,
Ley 27/2011 de 1 de agosto, introduce
algunas variables correctoras para la sostenibilidad del sistema, la más
llamativa de las cuales es el aumento progresivo de la edad de jubilación de
los 65 a los 67 años. La reforma se aprueba con la oposición del PP, entonces
en la oposición pero ya relamiéndose con las mieles del poder.
Cuando Zapatero
vuelve de Bruselas, además del susto en el cuerpo se trae una congelación de pensiones que rompe la ley y los acuerdos del Pacto de Toledo. Mantiene el
incremento del IPC a las pensiones mínimas pero más de cuatro millones de
pensionistas ven mermados sus ingresos.
Ahora el Gobierno
ha arrasado con todo. Es verdad que no congela las pensiones pero establece un aumento del 0,25% anual, independientemente del porcentaje en que se incremente
el IPC. Quiere decir que el año en que los precios suban el 2%, que no es mucho
subir, el poder adquisitivo de los pensionistas habrá disminuido en el 1,75%. Y
así sucesivamente.
En España hay actualmente 9.095.046 millones de pensionistas. Más de 5,4 son jubilados, 2,3 perciben
pensiones de viudedad; 933.531 por incapacidad permanente; 309.491 por orfandad
y 37.684 a favor de familiares. La nómina mensual de pensiones alcanza los
7.812,6 millones de euros, un 5% más que el año pasado. La pensión media es de
859 euros, que incluye la pensión media de jubilación, de 983,21 euros; los
908,84 por incapacidad permanente; 618,83 de viudedad; 502,68 de favor familiar
y 370,67 de orfandad. El incremento mensual establecido por el Gobierno no
llegará, en el mejor de los casos, a los 2,5 euros ni al euro en las pensiones
de orfandad.
El ConsejoEconómico Social, en el que están representados sindicatos y empresarios, ha
emitido un informe en el que señala que la reforma supone una pérdida de poder
adquisitivo que no volverá a recuperarse, al tiempo que reprocha al Gobierno la
forma y el procedimiento de la reforma, de acuerdo con el modelo yo me lo guiso
yo me lo como.
El Gobierno omite
decir que la única manera de aumentar los ingresos, aparte de la creación de
nuevos impuestos, es aumentando las cotizaciones, esto es, ampliando el mercado
de trabajo. Visto que la reforma laboral emprendida por el gobierno no sólo es
incapaz de crear empleo –ni bueno ni malo-, vista su incapacidad para reducir
la tasa de paro, que sigue desbocada, sólo se les ocurre recortar las
pensiones.
Era el último
hito que le quedaba por tocar a este Gobierno para incumplir definitivamente sus promesas. Bien.
Es posible que no sepan hacerlo mejor. Es probable que los españoles no estemos
muy finos a la hora de elegir a quienes nos representan pero se agradecería
mucho que, además, no nos lo refrotaran por las narices.
La reforma de las
pensiones supone un recorte de la cuantía de las prestaciones en toda regla.
Que no lo den más vueltas. Que no vuelvan a sacar a la ministra Báñez, como a
los malos mecánicos que cargan injustificadamente las facturas, para explicar
que lo que pasa es que se ha averiado la junta de la trócola de las pensiones.
