El que más chifle, capador

Al margen de lo que a cada cual le parezca el proceso hacia la independencia que se vive en Cataluña en los últimos años, sorprende la capacidad de organización de la sociedad civil catalana. Es un fenómeno raro en la sociedad española, poco dada a la autogestión de sus asuntos. La dilatada tradición del caciquismo y los cuarenta años de dictadura franquista no han sido la mejor escuela para estructurar unas organizaciones sociales capaces de gestionar los asuntos que atañen a la comunidad.  

A falta de partidos políticos que representaran las opciones ideológicas y de sindicatos que defendieran los derechos laborales, a mediados de los años sesenta aparecieron las asociaciones de vecinos como vehículos para canalizar las reivindicaciones sociales que no era posible canalizar de ninguna forma. Ellas fueron las que reclamaron los incipientes servicios sociales de la época: guarderías de barrio, ambulatorios, programas específicos de ayuda a colectivos en riesgo, drogodependencias, etc. Pactando a veces en condiciones pintorescas, otras en el límite mismo del chantaje.  

Con la transición se produjo una proliferación de asociaciones de toda índole en todo el territorio nacional, algunas de las cuales acabaron formando federaciones. En las reuniones de éstas –da igual si se trataba de organizaciones feministas o de asociaciones de inmigrantes- las representantes catalanas solían ser las más organizadas, las mejor preparadas. Eran las que tenían una mayor experiencia, como si llevaran la organización en su ADN.  

El triunfo del PSOE en 1982 resultó letal, especialmente para las organizaciones vecinales. Muchos de sus líderes fueron fagocitados por los socialistas para encabezar o cubrir huecos en sus candidaturas municipales, lo que acabó descapitalizando al movimiento asociativo vecinal que desde entonces apenas ha levantado cabeza. También el PCE, primero, y luego IU tuvieron su responsabilidad en este descabezamiento.

Los partidos conservadores españoles carecen de práctica negociadora. No están habituados a pactar sus propuestas ni a aceptar sugerencias ajenas. Después de todo, son los herederos del caciquismo, cuando no sus practicantes. Muchos de los conservadores son, además, herederos de los más conspicuos franquistas. No les resulta fácil escuchar las razones ajenas.

Estos días estamos viendo las consecuencias de esta falta de cultura del entendimiento, de la negociación. Simultáneamente, se está viendo como la sociedad civil sustituye, con más o menos acierto, la ausencia de diálogo y pacto.

En Cataluña, las organizaciones ciudadanas –con el evidente respaldo del poder local y autonómico- han sido capaces de enfrentarse al gobierno central y escenificar una votación que ha movilizado a más de dos millones de personas. Sin un mínimo altercado.   

En Burgos hay organizaciones empeñadas en intervenir en los asuntos que conciernen a la ciudad, la aplicación del presupuesto, entre otros. Desde el Ayuntamiento se responde que ellos –los concejales del equipo de gobierno- representan a la mayoría de los ciudadanos según las últimas elecciones municipales y que está en su derecho aplicar el presupuesto a los proyectos que crean conveniente. Las organizaciones sociales replican que en momentos de crisis como los que vivimos, cuando el Ayuntamiento ha subido los impuestos hasta límites difíciles de soportar y muchos de los vecinos han perdido el empleo, parece poco oportuno emprender obras suntuarias tales como el bulevar de Gamonal o la reforma de la plaza de toros.

Que en ambos proyectos aparezca el nombre de un constructor condenado en su día en el Caso de la Construcción, que un hijo suyo pagara las vacaciones del actual alcalde cuando era concejal de Obras y que los proyectos aprobados no sean los más baratos, no ayuda mucho al entendimiento. Así y todo, los vecinos contrarios a los proyectos se han manifestado repetidamente –muy repetidamente- durante meses sin que les hayan prestado la mínima atención ni el Ayuntamiento ni los medios de comunicación locales.  

Bastó que alguien se desmandara, volcara cuatro contenedores y rompiera los cristales de dos bancos –el Ayuntamiento valoró los daños totales de una semana de “disturbios” en 60.000 euros- para que en enero Gamonal saltara a las portadas de todos los periódicos, abriera informativos y apareciera incluso en la prensa extranjera. La semana pasada se ha repetido el proceso, cuatro exaltados se han desmandado al término de las manifestaciones y ya vuelve a hablarse del “fenómeno Gamonal”. El fenómeno Gamonal es mucho más complejo que la quema de cuatro contenedores y la detención de los sospechosos habituales; tiene algo que ver con la desesperación de una ciudad que no encuentra vías de diálogo y entendimiento, como se analiza muy certeramente aquí.

El Ayuntamiento de Burgos parece encontrarse de nuevo acogotado por una realidad de no entiende. Rajoy mismo parece estar noqueado por la realidad, atrincherado en sus posiciones ideológicas que se resumen en: Nadie me quiere, todos me pegan. El gobierno encabezado por él se limita a repetir el mismo mantra que asegura que la ley es la ley es la ley es la ley. Del ahí abajo, las reacciones se repiten en cascada.

Incapaces de entenderse con quienes representan otra manera de concebir la gobernanza, negados al diálogo, la vida pública parece condenada a una guerra de guerrillas. Y el que más chifle, capador.